Costos en Odontologia
Por el Doctor Nicolás José Ortiz

"Los Aranceles en el Régimen de Cobertura"

Dr. Roberto M. Udrisar
rudrisar@culturadelasalud.com.ar

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Una seria reforma de la política arancelaria del actual régimen de cobertura demandaría mucho tiempo. Tiene que ser ampliamente debatida para luego derivarla a los organismos públicos competentes con el objeto de someterla al dictado de las normas jurídicas que correspondan.

Como la crisis del modelo es muy profunda se necesitan adoptar medidas inmediatas y al mismo tiempo proponer un proyecto de mediano plazo.

Medidas inmediatas - Aplicación del principio de Ameritación Profesional

Claramente las obras sociales y las prepagas no han sido creadas para la odontología. La razón de ser de estas entidades es de naturaleza médica, en consecuencia el esfuerzo está concentrado en la medicina y en los medicamentos.

La cobertura odontológica, si bien es cierto es reclamada por la gente, no está entre las prioridades de las entidades prestatarias, ni tampoco del Estado (esta realidad se observa en casi todo el mundo). Prueba de ello es el magro presupuesto que destinan.

Podemos observar que la erogación odontológica oscila entre 4% y 6% del gasto total en salud y es más baja que el gasto administrativo, lo que da origen a magros aranceles y normas de trabajo que nada tienen que ver con el correcto ejercicio profesional. Tendría que imputarse como mínimo a los servicios odontológicos, un 10% del total del gasto.
 
Por lo tanto, una buena cobertura odontológica implica una cápita mucho más alta de la que se está asignando actualmente, y ninguna entidad prestataria demuestra que está dispuesta a derivar mayores recursos en esa dirección.

La profesión debe ser ejercida según el saber y entender del prestador. La financiación del modelo de atención debe procurar salud buco-dental de los beneficiarios. Caso contrario corremos el riesgo de incurrir en claudicaciones técnicas, científicas y éticas como sucede en la actualidad.

La aplicación del principio de Ameritación Profesional (más adelante se explica en detalle este concepto), cobra mayor fuerza cuando observamos una mala asignación de los recursos y una errónea política arancelaria.

Mala asignación de los recursos.

No son pocos los recursos que se destinan en la Argentina para financiar el régimen de cobertura, no obstante los beneficios no llegan a la población cubierta en las proporciones de calidad y cantidad deseadas por distintos motivos, entre los que podemos destacar los siguientes:
- Elevado número de obras sociales y prepagas (más de 550), lo que implica una superposición del gasto administrativo derivando gran cantidad de recursos para ese fin y restándoselo a la prestación de servicios de salud: En ese sentido en un artículo aparecido en la revista de la Asociación Civil Argentina de Auditoria Odontológica (A.C.A.D.A.O, Año 6 – Nº 8 - 1999) se publicó: “se conoce que el gasto total en salud es de aproximadamente 22.000 millones de pesos anuales, lo cual significa alrededor de 600 pesos por habitante, es decir 50 pesos por persona por mes. La Asociación de Economía de la Salud calcula que un 30% del gasto es superfluo lo que elevaría la cápita a 65 pesos por habitante por mes”. Esta cifra podría aumentar considerablemente si disminuyese la cantidad de entidades prestatarias (obras sociales, prepagas, etc.) para adecuarlas a las reales necesidades de la población y, al igual que el Estado, se administrasen más eficientemente.

Exagerada y confusa burocracia de algunas entidades que facilita los actos de corrupción: El ejemplo más demostrativo fue en su momento el PAMI, pero otras entidades poseen las mismas características.

 - Existencia de gerenciadoras que incrementa la cadena de intermediación disminuyendo recursos para el fin específico (brindar servicios de salud): En la revista de la C.O.R.A “Salud Bucal” Nº 92, el Dr. Alberto Valente expresa lo siguiente en un artículo titulado “La odontología: de la práctica artesanal a la evidencia científica y de ésta a un producto de consumo, un dilema ético?”: “En odontología según diferentes estudios corroborados por ISALUD se gasta aproximadamente un 9% del total lo que equivale a 2.045 millones de pesos por año. Esto significa una cápita mensual aproximada de 5 pesos por habitante. El “mercado” paga una cápita de 1 peso y, a veces menos, lo cual refleja claramente la distorsión que originó el mercado de la salud perjudicando tanto al profesional como a la población en general”.
A partir de la década del 90’, un porcentaje elevado de la recaudación de las obras sociales fue derivado a empresas gerenciadoras que actúan en la intermediación de los servicios de salud, restándole recursos a los prestadores del sistema.

- Elevado gasto administrativo que poseen muchas entidades prestatarias: No debería superar el 8% de sus recursos (Art. 22, ley 23.660), no obstante, muchas no cumplen con este requisito. El I.O.S.P.E.R. (obra social de la provincia de Entre Ríos), por ejemplo, tiene un gasto administrativo que oscila entre un 15% y un 20%, muy superior al gasto odontológico, lo que conduce a pensar con cierta lógica que es más importante el gasto administrativo que el servicio odontológico que le brinda a sus afiliados.
- Exagerado consumo de medicamentos: Otro factor influyente lo constituye el hecho de que sólo en medicamentos se insume entre el 20% y el 25% del gasto. Esta cifra es la más elevada de Latinoamérica y la cuarta en el mundo, detrás de Alemania, Japón y Estados Unidos.
 
Realizado este análisis, no existen dudas de que el régimen de cobertura se puede mantener a costa del esfuerzo del prestador, ya que la variable de ajuste la constituyen los magros aranceles, las limitaciones en el número de prácticas, los topes mensuales de facturación, la “garantía” impuesta a determinadas prestaciones y los débitos injustificados (el más perverso de todos es el “débito cruzado”).
Errónea política arancelaria.
El régimen de cobertura impuso aranceles iguales para todos los profesionales, con un agravante, niveló para abajo y quitó los incentivos.

En efecto, las entidades prestatarias pagan para una misma práctica, idéntico valor arancelario para todos los prestadores sacando de juego el premio y el castigo.
 
Cuando se impone el criterio de “nivelar para abajo” y se eliminan “los premios y castigos”, se crean condiciones de subordinación, y aceptarlas, es la mejor forma de ser funcional a un esquema dominante. Se cercena entonces la libertad, disminuyendo la posibilidad de lograr formas de emancipación (en nuestro caso la profesional). Afectar este valor, es alejar el “poder ser” y da lugar a la vulgarización del ejercicio profesional con secuelas de frustración y bajos niveles terapéuticos.

Integran los aranceles los costos directos, es decir, los insumos, instrumentos, etc. que demanda la realización de cada práctica, más los costos indirectos, que son comunes a todas (gastos de energía eléctrica, teléfono, personal auxiliar, cursos de postgrado, adquisición tecnológica, etc.), al que se agrega el honorario, cuyo valor dependerá del grado de capacitación alcanzado por cada profesional, su propia habilidad innata, experiencia, etc.

Podríamos inferir que los costos directos pueden ser iguales para todos los profesionales al realizar la misma práctica, aunque en realidad lo más preciso sería considerarlos como similares.

Pero es indiscutible que los costos indirectos son desiguales en virtud de los componentes que los integran. Constituyen además, en promedio, el 70,98% de los costos totales (29,02% para los directos), según un trabajo del Dr. Nicolás Ortiz (Abril de 2006).

Y es un absurdo considerar a los honorarios iguales para todos los profesionales cuando intervienen en su determinación variables tan propias de cada uno de ellos (capacidad, experiencia, etc.). Variables que, por otra parte, son inmensurables y por tal motivo, pertenecen a la valoración individual. Entre ellas está el conocimiento, definido por Tom Davenport, el “gurú” del management, como: “la información combinada con experiencia, contexto, interpretación y reflexión”.

El conocimiento tiende a aumentar la calidad de la prestación y a disminuir los fracasos de los tratamientos evitando la repetición de los mismos, en consecuencia a bajar el gasto de atención. Si bien tiene un valor económico, que es diferente para cada profesional, también es cierto que contribuye a mostrar un mejor resultado en materia de salud.

En conclusión, fijar un arancel igualitario para una misma práctica para todos los profesionales está tan desconectado de la lógica, que parece extraído de la ficción. Sin embargo, pertenece a una realidad que pone al descubierto la falta de criterio y sentido común cuando se fijan pautas en la construcción de un modelo prestacional.

Si el arancel es la suma de los costos y del honorario y es el mismo para todos los profesionales, a mayor costo menor honorario. Se deduce entonces, que el que pretende brindar más salud percibe una menor remuneración neta al tener más gastos destinados a la capacitación y a la inversión tecnológica. Esa voluntad es paradojalmente castigada.

Es imposible conseguir calidad en los servicios, en consecuencia, más salud para los beneficiarios del sistema, cuando se castiga al mejor y por ende se premia al que menos se preocupa. Estamos en presencia de una ecuación inversa que marca un retroceso y lesiona severamente la capacidad, la inteligencia y el deseo de progresar.
 
Cuando el arancel es el mismo para todos los prestadores, no promueve calidad a la prestación porque no deja paso a la innovación. Si es bajo, perjudica especialmente a los profesionales que más empeño han puesto en su actividad y si es alto, se premia a los menos interesados en adicionarle calidad al servicio que prestan.
    
El arancel igualitario es un modo totalmente injusto de remuneración y como tal, es contrario a los objetivos de salud.

Por lo tanto, en función de proteger la relación paciente-profesional y con la finalidad de mantener la calidad del servicio asistencial, se debe respetar el derecho del odontólogo a cobrar una remuneración complementaria a la establecida en el régimen de cobertura, de acuerdo a como desarrolla su actividad profesional, teniendo como referencia los aranceles establecidos por las entidades odontológicas. De ese modo permanece intacta la libertad del ejercicio profesional, derecho que le corresponde en el ámbito de su gabinete privado de trabajo.

Es cierto que se debe lograr una política de salud que asegure calidad, equidad, y accesibilidad. Para ese logro el principal responsable es el sector público.

Al prestador privado le corresponde todos los derechos y obligaciones que emanan de la actividad privada y como tal tiene que ser tratado. Para brindar servicios odontológicos a la población, ha invertido dinero para instalarse, equiparse, proveerse de insumos, etc., y asumir los riesgos propios de la actividad privada.
 
A pesar de ello, en materia arancelaria se le ha transferido imposiciones derivadas de la relación de dependencia. Recordemos que los recursos de las obras sociales se incrementan en forma proporcional al aumento de los salarios, con los aranceles tendría que ocurrir lo mismo, aunque no siempre se produce y cuando se realiza, en muchas ocasiones no lo hacen en la misma proporción. Pero no posee ninguno de los beneficios (ingreso fijo mensual, vacaciones, aguinaldos, seguro contra accidentes, enfermedades, estabilidad laboral, etc.).

Las prepagas, a pesar de fijar cápitas de más alto valor y además, estar desvinculadas de los aportes provenientes del salario, siguieron el mismo criterio en materia de política arancelaria, incurriendo por lo tanto, en un acto de injusticia de mayor proporción.

Se podría argumentar que el prestador no está obligado a aceptar las condiciones contractuales pudiendo solicitar que se lo excluya de la nómina de prestadores para poder desarrollar la profesión con total y absoluta libertad de criterio.

Esta opción ha sido adoptada por contadísimos profesionales, pues las condiciones socio-económicas y culturales de la población empujan a casi todos los odontólogos a aceptar las decisiones impuestas por las entidades prestatarias para tener posibilidades de trabajo.

Es riesgoso para la salud buco-dental de la población, que los servicios se sigan brindando a costa del esfuerzo del profesional en pos de asegurar el cierre contable de las entidades prestatarias, que destinan una buena parte de sus recursos (salvo honrosas excepciones) a la burocracia, intermediación, ineficiencia y en ciertos casos, a variadas formas de corrupción. En realidad, al actual régimen de cobertura lo subsidia el profesional al resignar el justiprecio de sus aranceles y las condiciones de su trabajo.

Hace más de quince años, cuando el valor de los aranceles comenzó a disminuir,  las instituciones más representativas de la odontología estudiaron la forma de compensarlos, lanzando la propuesta de categorizar al profesional y acreditar los consultorios, con la intención de establecer aranceles diferenciados.

Se concordó para tal efecto, unificar pautas de medición (antigüedad, capacitación, etc.). Otro motivo de esta propuesta, fue crear expectativas de mayor capacitación del recurso humano y mejorar la capacidad instalada. En realidad en el artículo 31 de la ley 23.661 ya se establecía la necesidad de definir, en el ámbito de la ANSSAL, las normas de categorización y acreditación para profesionales y establecimientos asistenciales.

Esta iniciativa comenzó a debatirse a principio de la década del 90’ y fue aprobada por todas las entidades de la odontología de amplia representatividad (C.O.R.A, entidades colegiadas, etc.). Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido no se ha podido concretar.

Vale la pena recordar que en Octubre de 1994 la Confederación Odontológica de la República Argentina (C.O.R.A) aprobó el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Odontológica en el cual, entre otros conceptos, expresaba:
“Para desarrollar la Categorización se ha tenido en cuenta no sólo la antigüedad, que hace a la experiencia tan meritoria en nuestro trabajo, sino también a la capacitación que es la fuente principal del conocimiento”.

“Es así como se verá reflejada una diferencia entre aquel profesional recién recibido, apto para la actividad profesional, con aquel que en el transcurrir del tiempo se actualiza permanentemente buscando brindarse de manera óptima en su trabajo, combinando la sabiduría de la experiencia con el saber. Es imprescindible reconocer y motivar a aquellos que transitan por esta senda”.

“Somos conscientes de que este aspecto, el de la Categorización del recurso humano, puede ser modificado en la medida que se presenten las circunstancias, pero es un gran paso el que se ha dado, ya que parte del consenso general de las instituciones”.

Evidentemente hay unanimidad de criterio en el sentido de que deben existir diferentes aranceles, para una misma práctica, al ser realizadas por distintos profesionales. Este concepto marca un cambio trascendental en pos de lograr un futuro mucho más promisorio para la odontología, por lo tanto, para la salud buco-dental del paciente y para el propio odontólogo.

El Colegio de Odontólogos de Entre Ríos, preocupado por la crisis de la profesión, elaboró un documento denominado “Bases para una política de salud odontológica” que fue aprobado por el Consejo Directivo (máximo cuerpo político-administrativo de la entidad) el 7 de Agosto de 2004.

De igual forma, el Consejo Provincial de Salud Bucal (organismo integrado por todas las entidades odontológicas representativas de la provincia de Entre Ríos) procedió a aprobarlo el 27 de Noviembre del mismo año.

En dicho documento quedó establecido el Principio de Ameritación Profesional, teniendo en cuenta que fue imposible aplicar la categorización profesional impulsada por la C.O.R.A.

Se entiende por ameritación profesional “a la remuneración complementaria establecida por cada profesional y consentida por el paciente, que se suma al arancel fijado para cada práctica en los contratos asistenciales”.

Esta modalidad tiene como objeto mantener la calidad de los servicios que la población requiere evitando poner en riesgo la salud de los pacientes.
 
El concepto deriva del mérito autoimpuesto por cada odontólogo que le otorga el derecho a cobrar una remuneración compensatoria de acuerdo a su saber profesional, experiencia, inversión tecnológica, etc.

Para la aplicación del Principio de Ameritación Profesional puede tenerse en cuenta aranceles de referencia establecidos por las entidades profesionales.

Bajo esta circunstancia, el odontólogo tiene la oportunidad de darle valor a su trabajo, es decir, el que considere adecuado conforme a la opción que haya hecho sobre la forma de desarrollar su ejercicio profesional. En otras palabras, el arancel lo propone él y lo conviene con el paciente, nadie se lo impone deliberadamente.

La remuneración complementaria debe contar con el consentimiento del paciente. En el supuesto de una negativa, el profesional debe atenderlo en los términos contractuales, ya que el artículo 33 de la ley 23.661 expresa que las prestaciones de salud en el marco de dicho instrumento legal, son consideradas servicio de asistencia social de interés público, y por lo tanto, no debe interrumpir lo convenido sin causa justificada.
 
Existen además otras disposiciones que obligan a respetar las normas y valores retributivos que se fijen en las contrataciones (Arts. 32 y 34 de la ley 23.661, como así también los contratos de adhesión que se celebran con todas las entidades prestatarias), no obstante al configurar un contrato de partes (lo sugiere el profesional y lo acepta el paciente) en el ámbito del consultorio privado de atención, lo exime de toda prohibición, aunque si se plantea una controversia, rige el imperio de la ley.

La salud odontológica de la población no tiene precio, pero si tiene un costo, que es distinto para la inmensa mayoría de los profesionales. Esa diferencia se salva aplicando el Principio de Ameritación Profesional que promueve la calidad del ejercicio profesional a favor de la salud buco-dental del paciente.

Es una forma de “cofinanciar” el régimen de cobertura. Hasta ahora lo viene haciendo el prestador en forma forzosa. El resultado en materia de salud odontológica está a la vista.

La propuesta de categorización impulsada por la C.O.R.A. no se pudo materializar porque los fondos tenían que provenir de las entidades prestatarias, las que nunca estuvieron dispuestas a un mayor gasto por no ser prioritaria la cobertura odontológica entre otros factores.

Esta medida responde a una decisión estrictamente personal. Apela a la iniciativa individual. Cada odontólogo en su ámbito de trabajo tiene que explicarle al paciente de que se trata. Convencerlo de que no va contra su “bolsillo” sino a favor de su salud, y lograr su conformidad. Aunque es difícil de aplicar en pacientes de bajos ingresos, y en localidades pequeñas si el criterio no es compartido por todos los odontólogos.

No obstante los Colegios Odontológicos tienen que difundir esta medida en la sociedad y defenderla frente a la demagogia de los funcionarios y de las fuerzas corporativas sindicales y empresariales de la salud que tienen la tendencia de dejar de lado el bien común.

Proyecto de mediano plazo

Se ha señalado que los aranceles no pueden ser iguales para todos los profesionales porque los costos son distintos y porque el honorario debe ser calculado en virtud de la destreza, habilidad, criterio y conocimiento que tiene cada odontólogo cuando realiza un diagnóstico, un plan de tratamiento y lleva a cabo las prestaciones que el paciente necesita para la prevención, preservación y rehabilitación de las estructuras buco-dentales.

Este principio fundamental, obviamente no es respetado por el régimen de cobertura. Tanto las obras sociales como las prepagas imponen valores igualitarios que los profesionales deben acatar. La C.O.R.A. en su momento propició la categorización y el C.O.E.R. la Ameritacióm Profesional con el afán de asignarle al modelo, mayor grado de justicia retributiva.

Se dijo también, que el arancel responde a la suma de los costos (directos más indirectos) y el honorario que percibe el odontólogo por su trabajo profesional. El valor de los costos, sobre todo los directos, pueden ser establecidos en forma aproximada. El dilema se plantea en el honorario. ¿Cuál debe ser la remuneración neta que el profesional debe percibir por cada práctica?. ¿A quién le corresponde fijar el arancel de cada práctica?. Veamos lo que indica la ciencia económica, más exactamente, que dice la teoría del valor de los precios.

En ese marco, dos economistas austriacos, Böhm Bawerk y Menger explicaron que el valor de las cosas estaba determinado por su utilidad y escasez. Estas dos variables deben ser consideradas para una determinada persona y en determinadas circunstancias. Es decir, el valor no es intrínsico a las cosas sino que lo imponen las personas según las circunstancias en que se encuentran y según la escasez de ese bien en ese momento.

El ejemplo más conocido al respecto es el de un vaso con agua. ¿Qué valor tiene un vaso con agua para una persona que está en su casa con abundante agua corriente y qué valor tiene ese mismo vaso con agua para la misma persona en el medio del desierto?.

Además cada individuo va cambiando el valor que le otorga a las cosas. El primer vaso con agua tiene un valor determinado para una persona, el segundo vaso menor valor, el tercero menos y llega un punto en que la utilidad del último vaso con agua es igual a cero. Es lo que se conoce como utilidad marginal.

En otro orden, ¿cuándo una persona adquiere algo?. Cuando le otorga más valor a lo que recibe de lo que entrega, caso contrario no realiza el intercambio. Por lo tanto, el valor es algo subjetivo. Las cosas no valen por si mismas, sino porque el hombre le otorga valor. Esto es lo que indica la ciencia económica.

Volvamos al valor del arancel odontológico. Para ello deberíamos comparar las asociaciones “producto-precio” con “servicio odontológico-arancel”.

Para el caso del concepto “producto-precio”, un individuo compra un televisor porque en un momento determinado de su vida lo considera útil para sus necesidades, se informa de los precios que el mercado le impone (a mayor oferta menor precio) y adquiere el que considera más apropiado de acuerdo a la calidad del producto, sus posibilidades económicas, el grado de confianza que le merece, etc. El individuo aceptó el precio que él supuso era el más adecuado. ¿Qué es lo esencial en este acto?. La elección personal, el individuo decide por sí mismo. Imperó la subjetividad del valor.

Existe similitud en el acto odontológico, salvo que no se trata de un producto sino de un servicio vinculado con la salud, la oferta está dada por la cantidad de profesionales y la retribución la denominamos arancel y no precio. Precisamente por tratarse de la salud la confianza adquiere características de mayor envergadura, léase subjetividad.

¿El estado de salud buco-dental, es de utilidad para las personas?. Quién puede opinar lo contrario. ¿La “mano de obra” para lograr ese objetivo, es escasa?. Concretamente no, es “superabundante”, por tal motivo el valor arancelario que se adjudica en el régimen de cobertura es bajo.
 
Las variables aquí serían utilidad y “abundancia” y acompañan al dictado de la ciencia económica.

Es lo que sucede en el actual modelo de cobertura. El mercado es quien determina el arancel, en nuestro caso el “mercado de la salud”, pero con una deformación, el arancel lo impone arbitrariamente la obra social o prepaga a través de un contrato de adhesión. Impone por la fuerza una condición que es funcional a sus propios intereses.

De esa forma, para el paciente la práctica en salud vale por sí misma – versión objetiva del valor – no porque él lo haya otorgado, en consecuencia se desvirtúa.

Esta condición le quita subjetividad al valor. No lo propone una persona (el odontólogo) y lo acepta otra persona (el paciente) porque existe el tercer pagador y en ocasiones el cuarto (gerenciadoras). 

Es decir, impera el “mercado de la salud”, pero desequilibrado y deformado. Desequilibrado porque existe mucha oferta (abundancia de profesionales) para la demanda de atención y deformado pues no interviene el beneficiario en el otorgamiento del valor arancelario, es más, el paciente no sabe cuanto percibe el prestador por su trabajo.

Cuando ello sucede, en una sociedad organizada, el Estado debe intervenir para armonizar los intereses de los sectores que intervienen en la contienda, caso contrario el sector más poderoso inexorablemente se impone al más débil estableciéndose un acto de injusticia.

Para el caso que nos ocupa, el acto de injusticia pone en serio riesgo la salud buco-dental de la población beneficiaria, lo cual constituye un problema de extrema gravedad.

Los mercados resuelven muchos problemas en una sociedad capitalista, salvo cuando se rompe el equilibrio de las variables que intervienen: la oferta y la demanda. Menos aún cuando se deforma.

En consecuencia es necesario que el Estado intervenga junto con los prestadores y prestatarios para concertar un arancel mínimo de las prácticas, que asegure una cobertura importante para los beneficiarios. Pero debe dejar abierta la posibilidad de contemplar el cobro de una remuneración complementaria exclusivamente a los profesionales que acrediten la certificación y re certificación de títulos de las especialidades que el régimen de cobertura establezca. Ejemplos: odontólogo integralista, endodoncista, etc. Dichos títulos deben ser  expedidos por autoridad competente.

El paciente decidirá con quien atenderse y en que condiciones, haciendo uso de su más absoluta libertad. Si elige a un prestador acreditado puede aceptar o no el valor arancelario propuesto. Su elección estará basada en la utilidad, escasez y subjetividad. De esta manera se recomponen las propiedades del mercado, y a su vez, se regula la actividad garantizando cobertura a los beneficiarios a través de un arancel mínimo que tendrá que ser respetado por los prestadores no acreditados.

El arancel mínimo tendrá que surgir de la combinación del costo de cada prestación establecido a través de un serio estudio sobre estructura de costos (recordemos que en la actualidad hay entidades prestatarias que imponen aranceles por debajo de ese nivel), y el honorario correspondiente.
 
Deberá salir de la negociación a la que arriben los integrantes de la Comisión Permanente de Concertación (Art. 35 ley 23.661) citada a tal efecto. Bajo las mismas condiciones hay que incluir a las prepagas, mutuales, Cajas de Profesionales, etc., para ello se debe dictar la normativa que correspondiere. Ese será el valor arancelario mínimo y sujeto a revisión periódica.

Ahora bien, las entidades prestatarias deben quedar liberadas para agregarle más valor a dichos aranceles, éstos representarían el mínimo a respetar pero no se tiene que limitar la posibilidad de aumentarlos. En esos casos lo más probable es que la carga arancelaria que el paciente le tendría que abonar al odontólogo acreditado (si éste decide cobrar una remuneración complementaria) sea menor, ya que el arancel final se autorregula.

El concepto es que, aplicando este principio, una parte del mismo lo abona la entidad prestataria y la otra el paciente. El valor del arancel final lo propondría el profesional acreditado de acuerdo a sus costos, su formación, su capacidad y su propia conciencia.

Este procedimiento las induciría a pagar por encima del arancel mínimo, con lo cual, serían mucho más los profesionales acreditados que solamente cobrarían lo que dichas entidades propongan.
 
Los Colegios Profesionales deberán determinar aranceles de referencia para cada práctica con un criterio de mayor justicia retributiva al no responder a ningún tipo de negociación.

De esta forma, la capacidad, el conocimiento, la habilidad y destreza del prestador, en cuanto a que constituyen bienes que le pertenecen, son respetados, recreándose el incentivo, verdadero motor del progreso. Aparece el premio al que expresa su voluntad de brindar un servicio de más alta calidad a favor de la salud del beneficiario del régimen de cobertura. Los resultados terapéuticos serán superiores porque el prestador tendrá mayores exigencias y el paciente tendrá la oportunidad de otorgarle más valor al cuidado de su salud. 

Al proponer la aplicación del principio de Ameritación Profesional, lo hacemos como medida de corto plazo, de aplicación inmediata, en función de la crisis existente. Es un modo de interponer una demanda en defensa de los derechos del prestador que lo amparen de la arbitrariedad del régimen de cobertura. Es la forma de reestablecer la libertad de fijar los aranceles, pero no es la más justa. La libertad tiene sus límites, implica responsabilidad. En este caso, la de brindar un mejor servicio de salud al beneficiario a través del conocimiento. Ello se logra con la certificación y re certificación permanente de los títulos que el régimen de cobertura establezca.

Por tal motivo, sólo estarán facultados para cobrar una remuneración complementaria los que reúnan esta condición. No todos los prestadores como lo indica la aplicación del principio de Ameritación Profesional en la que podría darse el caso de que cobre un arancel diferenciado un profesional no capacitado.

El costado débil de este modelo se muestra en la imposibilidad de acceder a los prestadores acreditados por parte de los beneficiarios que no estén en condiciones económicas de hacerlo (en el supuesto de que les cobren una remuneración complementaria). En esos casos las entidades prestatarias podrían ofrecer reintegros o aumentar el valor del arancel mínimo para que un mayor número de profesionales acreditados lo acepten.

No obstante, el sector público es el verdadero responsable de asegurar servicios de calidad, equidad y accesibilidad a la población de menores ingresos.

El Estado debe ser un proveedor de calidad en los servicios de salud. No puede ni debe transferirle esa responsabilidad al sector privado utilizando como estrategia un régimen de cobertura con magros aranceles, iguales para todos los profesionales, porque de esa forma no se soluciona el problema de salud. Por la experiencia que hemos tenido hasta ahora, ¿hace falta demostrarlo?.

Para mayor información dirigirse al sitio: www.culturadelasalud.com.ar

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Última actualización: Martes 16 Agosto, 2016